Tijuana.- En respuesta a publicaciones recientes en medios de comunicación y redes sociales, la empresa Intl Builders Inc., vinculada al empresario Fernando Salgado Chávez, negó que exista participación de funcionarios públicos en la propiedad ubicada en Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, California.
A través de una carta difundida este jueves, la firma precisó que el inmueble fue adquirido legalmente por Fernando Salgado, socio fundador de la empresa, con recursos propios y conforme a la legislación de Estados Unidos. Asimismo, desmintió que la residencia pertenezca a algún servidor público o que se haya financiado con recursos de origen ilícito.
“La propiedad no ha sido ni es propiedad de ningún funcionario público, ni existe participación alguna de servidores públicos en su adquisición, financiamiento o uso patrimonial”, se lee en el comunicado.
Respecto a las visitas de figuras públicas a la residencia, se indicó que estas se han dado en un “marco estrictamente personal”, incluyendo la presencia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La empresa también aclaró que Anakaren Sánchez Rodríguez, cuyo nombre aparece como responsable financiera en documentos corporativos, no es propietaria del inmueble ni ha recibido remuneraciones o realizado aportaciones de capital. Su participación fue de carácter exclusivamente administrativo, aseguraron.
Intl Builders Inc. —dedicada a la comercialización y fabricación de acabados— subrayó que todas sus operaciones están registradas y supervisadas por autoridades fiscales de Estados Unidos, al igual que otras compañías en las que participa Salgado. Añadieron que la administración contable se realiza desde un corporativo en Chula Vista, práctica que calificaron como legal y común en empresas privadas.
La empresa rechazó las versiones que sugieren actividades ilícitas por parte del empresario.
“El señor Salgado no tiene, ni ha tenido relación alguna —directa o indirecta— con actividades ilícitas. Cualquier afirmación en ese sentido es falsa y contraria a los principios básicos del ejercicio periodístico responsable”, sentenció la firma.
Finalmente, señalaron que no desean contribuir a narrativas de carácter político y se manifestaron dispuestos a colaborar con cualquier autoridad que requiera información adicional, confiando en que la información documentada prevalecerá “sobre especulaciones sin sustento”.
